La nueva situación que entraña la naciente "cultura digital" repercute sobre la acción educativa. Se acentúa por ello la percepción de que la educación está en crisis. Aunque reconozcamos el abuso en que incurrimos al hablar tanto de "crisis", lo cierto es que no cabe esperar que, en sus prácticas y en su organización institucional, la educación siguiera como si nada estuviera pasando cuando precisamente constatamos la crisis de la modernidad -y nuestra escuela es un "producto moderno"-, la revolución informacional y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Para colmo, en el marco socioeconómico en que estamos se presenta un factor añadido de crisis del Sistema Educativo: su pérdida de credibilidad al fallar como vía de promoción social.

En educación están en revisión los modos de socialización, los métodos de enseñanza y sus "contenidos ", el papel del profesor, la responsabilidad de los padres, la función del Estado y hasta el quehacer de los alumnos. Viniendo de atrás, todo ello se agrava con la "cultura digital" que va empapando toda nuestra realidad social. Es verdad que dicha cultura, apoyada sobre los medios informáticos y telemáticos, va dando lugar a una nueva "sociedad de la información" en la que son posibles nuevos logros tecnológicos, mayor producción de riqueza, relaciones sociales más fluidas y formas inéditas de participación democrática. Pero la tecnología que hace posible todo eso es ambigua y también da lugar, como reverso de lo anterior, a nuevas formas de dependencia tecnológica, a la aparición de "nuevos pobres" ubicados en el peor lado de las desigualdades sociales, a nuevos modos de manipulación de la opinión, e incluso a ese proceso de globalización que está configurando un mundo interrelacionado como nunca antes, pero también escindido como en ningún otro momento de la historia. Por eso, es ingenuo sorprenderse de una "crisis de la educación" a la que contribuyen la saturación informativa, la decantación unilateral de la enseñanza hacia lo tecnológico, las necesidades de un mercado muy competitivo, la fragmentación social y el individualismo insolidario que surge de ella, el desconcierto que producen tantos "valores" colisionando entre sí y, en el fondo, la carencia de un sentido que transmitir, sin el cual la acción educativa se hunde en el vacío.

No escapa a la mirada crítica que, si las nuevas tecnologías traen consigo posibilidades pedagógicas inexploradas, también comportan riesgos de un "fetichismo tecnológico" frente al cual hay que andar vigilantes. Para sacar a la educación de su crisis no basta el mero suministrar ordenadores a los centros -lo cual, sin tener claro para qué, puede convertirse en "una solución a la búsqueda de problemas"-, ni siquiera el conectar masivamente a alumnos y alumnas, o a las familias incluso, a la red. Si ello no se acompaña de una sólida formación crítica, no servirá más que para incrementar las avalanchas de datos que no valen para nada.

En la situación actual, para que no sean fraudulentas las declaraciones de igualdad de oportunidades, hay que acompañarlas de medidas que hagan posible una efectiva igualdad de acceso - también a nuevos medios como Internet -. Tal exigencia de igualdad requiere, para ser satisfecha en beneficio de todos -sin exclusiones que alimenten por anticipado la segregación social-, facilitar conocimientos adecuados y la adquisición de habilidades (también informáticas), pero no puede faltar el proporcionar un marco de referencia, un bagaje de enfoques e ideas que permitan el juicio crítico, y una formación moral que propicie actitudes solidarias y de respeto hacia los demás. La educación no puede reducirse a una enseñanza orientada según criterios tecnocráticos -sutilmente escorados hacia la preparación profesional de quienes nutrirán la minoría de "expertos ", por un lado, y, por otro, a la capacitación laboral de los demás para realizar las diversas tareas que, en condiciones precarias, demandará un mercado de trabajo flexibilizado al máximo-. Por el contrario, la educación ha de ir encaminada a la formación integral de cada individuo, lo que incluye, además de una enseñanza de calidad que a nadie se hurte, un aprendizaje de la convivencia que implique a todos, incluyendo la imprescindible educación para la ciudadanía democrática.

Es de justicia una educación que atienda integralmente a todos sin exclusión, y en función de ese principio de equidad contrario a cualesquiera formas de discriminación -en ningún caso hay que dejar que se camuflen bajo la "atención a la diversidad"- hay que pensar los cambios que precisa el Sistema Educativo. Desde ese carácter prioritario de las razones de equidad es como cabe plantear coherentemente cualquier debate sobre la calidad de la educación en sociedades secularizadas y pluralistas dotadas de democracias constitucionales. Si no es así, cualquier pretendida reforma, por mucho que se adorne ideológicamente, no es más que encubierta "contrarreforma" que nos pone en dirección contraria a la que, educativa y políticamente, deberíamos ir como sociedad dispuesta a mejorar la convivencia y a humanizar nuestra civilización tecnológica.

Si hablamos de "calidad de educación" -y es patente que está en el orden del día-, hemos de tener cuidado de no sucumbir a la calidad como ideología, es decir, como tapadera de interés de clases y grupos sociales que, imbuidos de la cultura de la satisfacción que adorna su modo de vida, apelan a la necesaria calidad de la enseñanza, aduciendo que ya se han cubierto los objetivos cuantitativos de su extensión universalizada, para despedirse de exigencias igualitarias y defender las expectativas excluyentes que mantienen para sus hijos.

No hay que perder de vista, además, que el discurso sobre la calidad tiene sus orígenes en la actividad económica del mundo empresarial, y que al adoptarlo si las suficientes cautelas se corre el peligro de traspasar al ámbito educativo los criterios economicistas que rigen un mercado muy competitivo. Tal peligro adquiere concreción amenazante para la educación y sus objetivos por muy diferentes vías. Una de ellas, por ejemplo, es el dotar al Sistema Educativo de pautas de gestión y evaluación propias de la empresa privada, y ajenos por tanto a la participación democrática que han de tener los miembros de la comunidad educativa en una práctica que no puede dejar de ser dialógica. Otra, citando un caso distinto, es la que consiste en legitimar un sistema falsamente meritocrático en nombre de una "cultura del esfuerzo" que -bajo capa de la disciplina y el trabajo necesarios para el aprendizaje- funciona como coartada que oculta desigualdades sociales a la raíz de los diferentes rendimientos académicos, para echar sobre las espaldas de quienes "fracasa" la culpa por la injusta asimética que padecen.

Hablemos de calidad de la educación, pero sin trampas ideológicas. El tema reclama un debate en serio en el que intervengan los protagonistas de la educación y la ciudadanía en su conjunto, pues la opinión pública no debe ser espectadora pasiva en una cuestión que ha de ser prioritaria en el preocupación social y en la atención política. Para ese debate, el punto de partida es: sin equidad no es posible la calidad de la educación necesaria en la "sociedad de la información" que se está gestando. 

JOSE A. PÉREZ TAPIAS.